
- Colectivos impulsan una nueva ley vial. Foto: Archivo
Enrique Osorio / Mural
Guadalajara, México(02 abril 2022).-
«¡Sin reservas ya! ¡sin reservas ya!», gritaban colectivos especializados en seguridad vial y familias de personas fallecidas en percances vehiculares el 24 de marzo en el Congreso de la Unión.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, impulsada por los propios colectivos, fue aprobada en el Congreso federal y pasó al Senado para su análisis en sesión extraordinaria el 5 de abril.
¿Cuáles son los principales cambios que aporta esta ley y por qué son las familias de personas fallecidas en percances viales las que pugnan por su aprobación? De acuerdo con el dictamen de ley, este instrumento tiene 10 objetivos.
Le ley pretende poner en la seguridad el foco de las políticas públicas de movilidad, y su principal objetivo es reducir las muertes y víctimas lesionadas graves a causa de siniestros viales.
En el caso de Jalisco el problema es grave, lo dice la cantidad de víctimas de homicidios culposos a causa de accidentes de tránsito, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 2021 fue el peor en al menos 7 años.
En el año que terminó sumaron mil 15 homicidios de este tipo, mientras que la cantidad de lesionados por estos siniestros también tuvo su máximo histórico, sumaron 3 mil 722, un promedio de 10 víctimas al día.
La iniciativa busca lineamientos más estrictos, por ejemplo, en la obtención de la licencia de conducir, en el establecimiento de límites de velocidad, y en las responsabilidades al momento de darse un percance vial, en las que la autoridad deberá tener mayor protagonismo.
«La integridad física de las personas es responsabilidad compartida de quienes diseñan, construyen, gestionan, operan y usan la red vial y los servicios de transporte», dice una fracción del Artículo 5.
La Ley tiene un capítulo dedicado a la jerarquización, pone a peatones en primer lugar; busca crear un Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, para coordinar a los tres niveles de gobierno y colectivos, y pretende lanzar una Estrategia Nacional con objetivos de corto, mediano y largo plazo y mecanismos para medir resultados.
De aprobarse, tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas estatales tendrán 180 días para armonizar legislaciones y reglamentos con la nueva óptica.
Además, los artículos transitorios dan un plazo de 365 días contados a partir de la entrada en vigor, para emitir la mencionada Estrategia Nacional e integrar bases de datos e indicadores, y armonizar atribuciones y responsabilidades.
Actualmente, sin esa homologación, una persona que atropelló y mató a varios jóvenes en arrancones en Jalisco, pese a que se le revocó la licencia, puede tramitar el documento en otro Estado, comentó el 23 de febrero Diego Monraz, Secretario de Transporte de Jalisco, en la Audiencia de Parlamento Abierto sobre la ley general.
«De qué nos están sirviendo esfuerzos aislados si no tenemos forma de homologar criterios sólo para la emisión de licencias para conducir. A la Ciudad de Guadalajara llegan licencias de conducir por Facebook de personas que nadie acredita que sean la foto que se está enviando de otras entidades o municipios del País», dijo.
En tanto, activistas que impulsan la aprobación de la ley señalan que falta voluntad política para hacer frente a lo que consideran una epidemia silenciosa que no deja de cobrar víctimas cada año.
«Hace falta voluntad política, presupuesto, que se le destine presupuesto, que un porcentaje de las multas se pueda implementar para implementar esta ley.
«El sistema ya está, las dependencias ya están, la Policía Vial ya está, falta voluntad política, que no exista corrupción, que haya un presupuesto destinado específicamente para la aplicación de la ley», expuso Alma Chávez Guth, de la asociación Víctimas de Violencia Vial.