Por: Diego Petersen/El Informador

Lo peor es que ya no nos sorprende. No hay gobierno que pueda contra el pulpo camionero, siguen haciendo lo que se les antoja, juegan a que están transformando el sistema, cobran más, se roban el cambio y el gobierno en turno es incapaz de hacer cumplir los acuerdos. Lo grave es que el que pierde siempre es el mismo: el usuario, ese que en principio es el sujeto de derecho.

La condición para subir a 9.50 pesos el boleto de transporte público era que camiones, choferes y empresarios transportistas alcanzaran una serie de condiciones, entre ellas que tuvieran sistema de prepago, que se constituyeran en ruta empresa y, ligado a ello, que los choferes dejaran de ganar por porcentaje de pasajeros, tuvieran sueldo fijo y condiciones de trabajo dignas que redujeran el estrés laboral. 

Nada de eso ha sucedido. El prepago se convirtió en un robo cotidiano a los usuarios que en la práctica tienen que pagar una tarifa de diez pesos, pues el gobierno anterior autorizó un sistema de prepago fraudulento y el actual no ha podido solucionarlo en 20 meses. Las condiciones de los choferes siguen siendo las mismas y por lo mismo la programación de frecuencias es un mito y las carreritas para ganar pasaje siguen ahí, con todos los riesgos que ello implica.

La sensación, una vez más, es que nos están dando atole con la tarifa. El aumento de 9.50 se planteó como urgente porque de otra manera el Sitren entraría en crisis una vez que arrancara la Línea 3. Con ello resolvieron el problema de flujo del gobierno, pero no el del usuario. 

Claramente no había ni hay capacidad para meter orden en el transporte, pero tampoco una política pública distinta.

Claramente no había ni hay capacidad para meter orden en el transporte, pero tampoco una política pública distinta. No hay, por ejemplo, una política clara y con visión de futuro de subsidios. En todo el mundo hay subsidios porque el transporte público nos beneficia a todos, no sólo a los usuarios. En Guadalajara lo que existe es el modelo del gobierno pasado de los famosos transvales, que es poco claro y muy ineficiente. Nada más.

La fecha que puso el gobernador para la gran transformación del transporte fue diciembre de 2019. Ni se cumplió ni se volvió a hablar del tema. Da la impresión de que el gobierno de Alfaro, igual como ha sucedido en los últimos seis sexenios -36 años  nada más-, ha renunciado a ser rector de la política pública de transporte para dedicarse, como en sexenios anteriores, sólo a administrar el problema.

(diego.petersen@informador.com.mx)