Guadalajara, México (14 febrero 2020).- Guadalajara llega hoy a su aniversario 478 con cicatrices provocadas por un desarrollo urbano mal planeado.

El crecimiento vertical ha lacerado a la Ciudad ante la falta de reglas claras que digan qué sí y qué no se puede hacer, así como alturas máximas y obras complementarias que garanticen los servicios.

Esto ha colapsado vialidades, colectores y sistemas de drenaje de algunas colonias, sobre todo las ubicadas en la Zona Minerva, como Providencia, Colomos, Arcos Vallarta, entre otras. También ha habido daño a los acuíferos.

Por años, esta zona se caracterizó por sus grandes casas con jardines y hoy es una de las más codiciadas para los desarrolladores verticales.

Tan sólo en la Avenida Hidalgo, de López Mateos a Chapultepec, hay seis edificios en proceso de construcción, donde ha sido necesario hacer excavaciones profundas. Uno de ellos de 18 niveles y que en 2017 afectó una vivienda contigua.

De acuerdo con el portal de transparencia del Municipio, del 2010 a la fecha se han otorgado mil 101 licencias mayores de construcción en la Zona Minerva. Este tipo de permisos se dan, principalmente, para desarrollos verticales.

Otra zona afectada por el crecimiento vertical es Colomos Providencia, donde pese a ser una zona de Protección de Recursos Hídricos, el Ayuntamiento tapatío ha consentido la construcción de al menos 15 torres en las inmediaciones del Bosque Los Colomos.

Desde 2010, el Municipio ha querido actualizar los planes parciales de desarrollo para permitir la vivienda vertical apostando a corredores específicos como Lázaro Cárdenas, López Mateos, Juárez y otras avenidas principales.

Sin embargo, se han topado con la oposición de los vecinos quienes han interpuesto Amparos logrando la suspensión de los planes.

Los constructores violentaron los planes que prohíben la verticalidad a través de recursos interpuestos en el Tribunal de Justicia Administrativa, lo que abrió la puerta para que se dieran licencias pese a ir contra los reglamentos alegando «equidad».

Con la llegada de Enrique Alfaro al Gobierno de Guadalajara en 2015, se creó una figura para «legalizar» las torres que se levantaron en periodos anteriores, a cambio de que los constructores pagaran una indemnización al Municipio.

Según la Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad, se encontraron más de 200 casos con licencias irregulares, de los cuales 140 entraron a este esquema, lo que representó ingresos superiores a los 135 millones de pesos y obras por más de 66 millones.

No obstante, muchas de estas obras y acciones de mitigación fueron superficiales: estudios, plantación de árboles, colocación de puntos limpios, construcción de cruceros seguros, pero ninguna relacionada a la ampliación de vialidades o colectores.

Los planes parciales están suspendidos, pese a esto, el Ayuntamiento sigue otorgando licencias para torres amparado