En 1998 el número de automotores que circulaba por la Zona Metropolitana de Guadalajara rondaba el medio millón. Tres décadas después esta cifra ha crecido de manera exponencial y, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), actualmente más de 2 millones y medio de vehículos inundan a diario las calles tapatías. Uno de los problemas que esto ha provocado es que no hay espacios suficientes para estacionarlos.

Los vehículos particulares son el principal medio de transporte de tres de cada 10 habitantes de la metrópoli -según se desprende de la sexta Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida 2018, realizada por el Observatorio Jalisco Cómo Vamos-. Más allá de los problemas de movilidad y contaminación del aire que esto ocasiona, los conductores se enfrentan de forma cotidiana a un obstáculo: encontrar un sitio para estacionarse.

En conjunto, los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá cuentan con más de 760 estacionamientos privados de uso público y ocho de propiedad municipal (algunos operados por los ayuntamientos y otros por concesionarios) que suman más de 69 mil cajones disponibles. A estos se suman los seis del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) con 2 mil 441 cajones.

Sin embargo, en el conteo no se incluyen todos los estacionamientos vinculados a plazas y centros comerciales que, en algunos casos, cuentan con mayor capacidad que los estacionamientos públicos. Ejemplo de ello es Zapopan, donde 27 espacios de este tipo suman 24 mil 666 cajones. Aun así, no es suficiente.

El origen del problema de los estacionamientos es su indefinición jurídica, consideró Alberto Lazo, propietario de Pare de Occidente, la empresa con mayor número de espacios privados disponibles. Según la Constitución, se trata de un servicio, por lo que se entendería que los particulares pueden prestarlo como concesión; sin embargo, en la realidad se maneja como un giro comercial sin reglas claras.

Lo anterior inhibe la inversión privada en estacionamientos y esto ha traído como consecuencia la informalidad y que en las zonas en donde son más necesarios funcionen empresas de valet parking que no ofrecen las garantías mínimas de seguridad.

Además, los Municipios otorgan licencias como un acto administrativo, pero cobran al mes por espacio, incongruencia que ha permitido a empresas como Pare ganar amparos de manera continua y recuperar los recursos que pagan. Así, admitió Alberto Lazo, “nadie gana”.

REQUIEREN ATENCIÓN

En cada municipio existen puntos con menor disponibilidad de estacionamientos por el incremento de comercios y servicios. En Guadalajara las principales áreas con este problema son Providencia, Chapultepec, Plaza Tapatía, alrededores del Hospital Civil de Guadalajara y Chapalita.

En Zapopan se cuentan áreas del Centro Histórico, así como las inmediaciones de las principales plazas comerciales, mientras que en Tlaquepaque resaltan puntos  como Santa Anita, Las Juntas, San Pedrito, San Martín, Santa María, Santa Rita, Tateposco, Loma Bonita y la carretera libre a Zapotlanejo.

Las autoridades de Tonalá afirman que, en general, los estacionamientos con los que se cuenta cubren la demanda habitual; sin embargo, los jueves y domingos, días que se instala en el Centro del municipio el típico tianguis artesanal, hay dos puntos que presentan algunas complicaciones: la avenida Tonalá, en las inmediaciones de la calle Francisco I. Madero y la calle Santos Degollado.

LAS ALTERNATIVAS 

El titular del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), Mario Silva Gutiérrez, admitió que la falta de espacios “es un problema fuerte en términos del crecimiento de la tasa vehicular y de la organización de actividades económicas en ciertas zonas. No es un problema homogéneo, es focalizado”.

Por ello, agregó, no se pueden impulsar soluciones homologadas, pues no es lo mismo una zona con restaurantes con mayor demanda nocturna a un centro que requiere espacios hasta las 18 horas.

Entre los puntos de más conflicto, Mario Silva enumeró el Centro de los cuatro municipios metropolitanos y las zonas comerciales y restauranteras de Chapalita, Chapultepec y Providencia.

Para el funcionario hay alternativas que podrían ayudar a disponer de más espacios en estas zonas. Una de ellas sería la renta de cajones residuales, principalmente aquellos que son de negocios con horarios de trabajo cortos. A través de una plataforma, similar a la que se usa para la renta de cuartos o viviendas, se podría fijar un pago en tiempos ociosos, generando una ganancia.

También consideró que con el reordenamiento del transporte público debe pensarse en estacionamientos disuasorios que inviten al automovilista a dejar el auto para recorrer algunos tramos en Tren Ligero, Macrobús o camión. Un espacio que podría cumplir esta función, dijo, es la Central Nueva, como punto de entrada a la ciudad para dejar el auto y hacer el resto de los recorridos en transporte público. Estos tendrían que tener una tarifa menor para ser atractivos.

“Es un problema fuerte en términos del crecimiento de la tasa vehicular y de la organización de actividades económicas en ciertas zonas. No es un problema homogéneo, es focalizado”.

Mario Silva Gutiérrez, titular del Imeplan

SEGÚN LAZO. En este negocio hay pocas certezas.
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La oferta es insuficiente en GDL

“En realidad la capacidad que tiene la ciudad para albergar la demanda actual que tenemos de cajones de estacionamiento, no creo que nunca llegue a estar a la par con la necesidad de la oferta que hay”, reconoció Libertad Zavala Marín, directora de Movilidad y Transporte de Guadalajara.

Para Paloma Cruz Vázquez, jefa de la Unidad de Gestión del Estacionamiento de la Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan, por ende, resulta indispensable hacer cambios significativos en el modelo de movilidad que se tiene en la metrópoli.

“El estacionamiento está muy bien como un servicio. Todos tenemos la necesidad de tenerlo y está muy bien en términos de comodidad, pero tenemos que empezar a cambiar el paradigma porque mientras más oferta de estacionamiento se tenga, se genera que más personas se quieran mover en vehículo privado”, expuso.

En lo que esto sucede, los Municipios cuentan con equipos de supervisión para vigilar el cumplimiento de las normativas que les regulan. Estos oscilan entre un número de cuatro personas en Guadalajara hasta 21 agentes en Tonalá.

Los encargados de vigilar el cumplimiento de las normas de los estacionamientos en estos cuatro municipios enumeraron algunas de las quejas que más se reciben sobre su funcionamiento: afectaciones por colas en los entornos inmediatos, su uso como espacio de resguardo por parte de valets parking, deficiencias en medidas de seguridad como areneros o extintores, violaciones a los cajones de uso exclusivo para personas con discapacidad, cobros excesivos -lo que se da con mayor frecuencia en estacionamientos de centros comerciales- y, en menor medida, reclamos por robos o afectaciones patrimoniales, son algunos de ellas.

NEGOCIO Y PROBLEMAS

Por otra parte, Alberto Lazo expuso que en los últimos años quienes se dedican al negocio de los estacionamientos han intentado impulsar reformas para dar estabilidad a estos giros, pero no han encontrado eco en las autoridades.

El empresario consideró que los Municipios no tienen interés en prestar el servicio, problema al que se añade la falta de certeza que provoca que no sea atractivo invertir para la iniciativa privada. Esto ha llevado a que, pese al aumento permanente en el número de vehículos, hace alrededor de 40 años no se haya construido algún edificio que sea destinado exclusivamente a estacionamiento. Los nuevos espacios, afirmó, están ligados a otros negocios, como centros comerciales o vivienda.

Esto trae problemas también en la definición de la tarifa. Mientras en Guadalajara fue liberada, Zapopan la define con una comisión. Los ayuntamientos han intentado imponer algunas reglas, como los minutos iniciales gratuitos; sin embargo, los empresarios promovieron un amparo y, en el caso de Zapopan, implicó una indemnización millonaria que tuvo que cubrirse con recursos públicos.

Al respecto, Lazo señaló que las empresas del ramo están de acuerdo con la regulación, pero dentro del estado de derecho: “Nosotros (Pare de Occidente) tenemos 650 empleados, todos tienen prestaciones, sólo pedimos que haya reglas claras, sin decisiones inconstitucionales”.

Pare de Occidente administra 60 estacionamientos, es decir, en el sector privado es el competidor más importante.

Ipejal: anomalías y hasta una denuncia

El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) ha encontrado en los estacionamientos un negocio para invertir los recursos de los trabajadores, por lo que ha comprado o construido seis edificios para darles este destino, cinco de los cuales son administrados por terceros y uno, en el Centro de Zapopan, de manera directa.

El director del organismo, Iván Argüelles Sánchez, señaló que es una de las áreas en las que encontraron irregularidades con la llegada de la actual administración estatal, por lo que ya presentaron una denuncia penal y rescindieron un contrato.

Anualmente los estacionamientos del Ipejal dejaban ingresos por 7 millones de pesos, pero tras ajustes hechos recibirían 10.8 millones de pesos, es decir, 50 por ciento más.

Respecto a la denuncia penal, se presentó contra quien resulte responsable por el desvío de recursos en el estacionamiento de Zapopan, ya que el dinero ingresado no corresponde con los datos del boletaje.

RESCINDEN CONTRATO. Con la llegada de la actual administración, el Ipejal detectó irregularidades en el estacionamiento del Centro de Zapopan.
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También se encontró que el contrato firmado para la concesión del estacionamiento de Plaza Tapatía, junto al Centro Joyero, tenía un retraso desde diciembre de 2018 en el pago por parte del particular. Además, en el acuerdo se incluyeron los locales comerciales del edificio por los que nunca se pagó renta a pesar de que sí estaba especificado.

El nuevo contrato de arrendamiento de los estacionamientos de Pensiones con un particular, bajo la figura de proyecto de prestación de servicios (PPS) incluye el pago de 10.8 millones de pesos y una inversión directa en los inmuebles de 11 millones de pesos. Además, la nueva empresa ofreció un seguro, lo que de manera inexplicable no se incluyó en los contratos anteriores.

JJ/I