La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) efectuará su propia revisión a las unidades de transporte público que ya aplicaron el alza a la tarifa y que cobran 9.50 pesos, para tener elementos para la integración de una resolución que el organismo emitirá sobre el tema próximamente, informó el presidente de la comisión, Alfonso Hernandez Barron.

“Vamos incluso a hacer recorridos también en el transporte público para poder evaluar de forma directa las condiciones en que están prestando el servicio. Nuestros visitadores lo estarán realizando, en cuanto tengamos la información de las rutas a las que se les ha autorizado un aumento, nosotros tendríamos también que ir a revisar si efectivamente esten cumpliento con los requisitos que dijeron que han acreditado para que se les autorizará ese aumento”, declaró.

Hernandez Barron indicó que la resolución se girará desde una perspectiva integral, transversal y con la perspectiva de derechos humanos y al desarrollo, para lo cual, revisarán declaraciones y documentos y los planteamientos efectuados por organizaciones de la sociedad civil que demandan el transbordo gratuito entre los transportes masivos y los colectivos o camiones.

“Tendrá que venir una resolución, nosotros lo estamos abordando desde una perspectiva integral, ya lo veníamos trabajando en la comisión y vino este anuncio, será un análisis de cómo está funcionando el transporte público en toda la zona metropolitana de Guadalajara porque ya es una situación muy compleja y es evidente que no tenemos el mejor transporte que requerimos en la ciudad”, apuntó.

El ombudsman opinó que el alza al precio del pasaje impacta la economía de las familias, por lo que se debe “encontrar una tarifa justa”, ya que la imposibilidad del acceso a la movilidad podría afectar el ejercicio de otro tipo de derechos humanos como el acceso a la educación, a la salud o al trabajo.

Reportó que se siguen sumando reclamos contra el tarifazo, ya son 11 quejas. Anunció que la comisión continuará acompañando las manifestaciones para que se garantice la seguridad de manifestantes y de policías y el derecho a la libertad de expresión y a la manifestación.

Refirió que no hay un plazo para la emisión de la resolución de la comisión pero prometió que “será lo antes posible”.