Guadalajara, México (31 julio 2019).- Pese a paros en el servicio, accidentes, muertes y recurrentes violaciones al reglamento, en los últimos tres años no se ha retirado ninguna concesión del transporte público.

De acuerdo con información en poder de MURAL, en 2016 se revocaron dos concesiones, una para la Ruta 214 y otra para la 180B. Fueron las últimas.

«En cuanto a los años 2017 no se cuenta con datos. Respecto al 2018 sólo se cuenta con las rescisiones de contratos realizados por el Organismo Público Descentralizado Servicios y Transportes a la Ruta 275B, un contrato, y a la 275F se rescindieron 10 contratos», se lee en el oficio CGEGT/UT/7297/219, emitido por la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio.

La Coordinación destacó que hay 200 expedientes de retiro de concesión, sin especificar de qué rutas y los motivos.

Según los datos, de 2014 a 2016 hubo 58 revocaciones de concesión, de las cuales sólo tres fueron por participar en accidentes e igual número por no prestar el servicio. El resto no se especifica el motivo o bien, fue por no prorrogar la misma.

Con cada paro camionero para presionar por el incremento de la tarifa se advirtió que toda unidad que detuviera el servicio se le retiraría a concesión, eso ocurrió en marzo de 2018, pero ninguna fue sancionada.

En octubre pasado, el Comité de Validación Tarifaria aprobó, sin el aval de la sociedad civil, el incremento del pasaje a 9.50 pesos condicionado a que las rutas cumplieran normas técnicas relacionadas con el estado de las unidades y la calidad del servicio.

Desde entonces, cada mes se suman nuevos derroteros sin que cumplan del todo los requisitos; sólo han cambiado de imagen y colocado el sistema de prepago.

Además, pese a que la ley impide la circulación de unidades con más de 10 años de antigüedad, en la Ciudad siguen operando y como prueba el camión que detuvo ayer la Secretaría de Transporte por las condiciones en las que se encontraba: asientos rotos, carrocería en mal estado, pisos sucios, tablero al descubierto, entre otros.

Ante el aumento inminente y la baja calidad en el servicio el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte emitió un pronunciamiento donde pide al Ejecutivo modificar el programa Mi Transporte.

Se proponen descuentos en trasbordos de hasta el 100 por ciento, así como obligar a los que ya operan bajo el modelo de ruta-empresa a retirar las unidades que ya tengan más de 10 años de antigüedad y que cumplan con los horarios, itinerarios y derroteros establecidos en la concesión.